Ensayo: Cambio constitucional en Chile.

Coordenadas para la disputa Constituyente y Constitucional en el Chile actual

Partir diciendo algo quizá obvio aunque necesario: una Constitución no sólo es el texto fundamental de una sociedad, la norma que funda y da fundamento a todo el resto del ordenamiento jurídico, si no que en la Constitución de cada país se ven cristalizadas las hegemonías y relaciones de fuerza política y social que existen en él en un momento dado, cuestión que se proyecta en el tiempo con una durabilidad y vigencia efectiva variables. En ese sentido, es bastante evidente que las relaciones de poder que en su momento expresó nuestra Constitución vigente, han tenido una transformación sustancial desde aquél momento de cristalización, sobretodo si miramos los distintos aspectos de la hegemonía: en términos sociales, culturales, o socio-políticos, Chile no es el mismo que el de la larga noche dictatorial, aunque sus instituciones políticas, la legalidad en general, o los andamiajes de poder en las relaciones laborales o en el sistema de comunicación social, para mencionar algunos puntos centrales, siguen estando ampliamente determinados por lo constituido en esa época. En esa brecha es donde se ha abierto una progresiva pérdida de legitimidad del orden instituido, y ése es el trasfondo más profundo de la demanda actual por la realización de una Asamblea Constituyente, como mecanismo que permitiría superar la carencia de adhesión popular que tiene el pilar fundante de la legalidad vigente.

Sin embargo, la existencia de un orden ilegítimo no es suficiente como para suscitar por sí mismo un nuevo proceso constituyente. La experiencia histórica muestra que un proceso constituyente se abre paso cuando se genera una situación de tensión social, económica, política y cultural que el orden constituido no puede canalizar por las vías institucionales constituidas. Decir “tensión” aquí implica al menos dos tipos de cosas:

a. La existencia de múltiples factores de pérdida de legitimidad y hegemonía, de agotamiento y/o fractura económica, social, cultural, política, que producen una situación política que termina requiriendo el abrirse paso por causes distintos a los de la institucionalidad vigente, o dicho de otro modo, constituida.

b. La existencia de una fuerza social y política que sea capaz de situarse en tales coordenadas e intensificar y visibilizar los factores antes dichos, y darle un carácter fundacional o refundacional a la salida de la situación de pérdida de legitimidad y hegemonía, agotamiento y/o fractura social. Sin dicho actor, tales fenómenos pueden ser procesados finalmente con carácter continuista, gatopardista, o dicho de otro modo, de manera que la potencia constituyente no se exprese como tal, si no que sólo como el posibilitar una reconstitución del orden constituido.

Hay múltiples síntomas que podrían significar que en el Chile actual el primer punto está desde ya presente, incluso, quizás, en un proceso que viene tomándose ya varios años hacia atrás. Una mirada atenta a la historia reciente de nuestro país nos muestra que, a diferencia de quienes intentan darle un significado de carácter “sorpresivo” al ciclo de movilizaciones del 2011, las causas del descontento y el malestar social vienen incubándose con una profundidad tal que la pregunta que cabe hacer a estas alturas es, más que los por qué de esa irrupción de movimientos y movilizaciones, el cómo ha sido posible que tardara tanto tiempo en emerger. Esto, además de clarificar el verdadero carácter antipopular y de contención social que tuvieron los Gobiernos de la Concertación, nos puede dar algunas luces sobre cuáles son los obstáculos y adversidades a derrotar si lo que queremos es visualizar y hacer avanzar un proceso constituyente de tipo refundacional, democrático y de apropiación y contenido popular.

Con ya dos décadas y media de la entrega del Poder Ejecutivo y Legislativo por parte de la Dictadura cívico-militar (entrega forzada y pactada a la vez), es indudable que el sistema institucional legado por ella fue formulado con una particular eficacia en cuanto a su sistematicidad y perdurabilidad. Comparándolo con el resto de los esquemas políticos, sociales, económicos que dejaron los diversos autoritarismos y dictaduras en nuestro continente en los años 60s, 70s, y 80s, el de Chile resultó clara y nítidamente el más sistemático, el modelo neoliberal que es mundialmente sindicado como el primer “experimento” y referencia a seguir hasta bien entrados los 2000s, y fue quizá recién el 2011 con el ciclo de movilización social que se derrumbó para muchos el mito de la “excepcionalidad chilena”, a pesar de lo cual aún sigue siendo sindicado por algunas elites como “modelo a seguir” en otros países. Es decir, ha sido un modelo perdurable, una “democracia de baja intensidad” con un consenso compartido por las dos grandes coaliciones partidarias, y una dinámica general de co-gobierno entre ellas que se sostuvo con grados de cohesión entre las elites políticas con un grado notoriamente mayor que en el resto de los países de la América del Sur.

A lo anterior, el carácter altamente transaccional de la transición pactada y las políticas de los sucesivos Gobiernos de la Concertación posteriores, configuraron un escenario que logró retardar hasta el día de hoy la formulación de un nuevo orden constitucional, más allá de la existencia de sucesivas reformas que no han alterado lo esencial de una Constitución configurada explícitamente para neutralizar la posibilidad de su transformación y reemplazo. Esto marca una sustancial diferencia con los otros países del continente donde la salida de la dictadura implicó temprano o tarde un nuevo pacto constitucional (Brasil en 1988 en medio de una lenta entrega del poder por parte de las elites cívico-militares, Argentina tras cierta consolidación presidencialista confluyente con un pacto neoliberal bipartidista, en 1993), o donde el esquema autoritario y bipartidista se vio obligado a abrirse a una nueva configuración política (Colombia con la enervación de la violencia política en conjunto con el cese de una de las guerrillas, en 1991), o donde el surgimiento de un caudillismo presidencialista capitalizó de manera neo-autoritaria la caída del sistema de partidos (Perú en 1994 tras un autogolpe del Poder Ejecutivo), o donde la inestabilidad política del sistema de partidos las hizo retroceder y ceder ante la presión social y formular una nueva Constitución que recogía ciertas demandas políticas formuladas desde la ciudadanía, en especial reformas de participación y multiculturalismo (cuestión común en las nuevas constituciones de Colombia de 1991 y de Ecuador en 1998), o donde se debía poner fin a un largo régimen autoritario conservador sostenido por una Constitución extremadamente centralizadora del poder (la Constitución de Paraguay de 1992 que reemplazó la muy dictatorial Constitución de 1967). Los casos de los más nuevos procesos constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, con procesos explícitamente refundacionales y revolucionarios, confirman aún más el carácter bastante excepcional de Chile en la escena sudamericana, al menos en este punto de la permanencia casi incólume de las bases institucionales legadas por la Dictadura.

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