Segunda vuelta presidencial, el laberinto de la política y la violencia armada en Colombia

Es cuestión ya aceptada por todos el hecho de que a partir de ya casi una década y media hay una tendencia general en América del Sur hacia votaciones que progresivamente se inclinan hacia el campo de las diversas formas de progresismos, izquierdas, y conglomerados de nuevo tipo. Pero, como toda tendencia histórica que abarca una región extensa y de numerosos escenarios nacionales cada cual con sus especificidades y trayectorias particulares, esto tiene casos y casos, y se podría afirmar que en Colombia tiene quizás su más clara excepción, o al menos, el lugar de las mayores resistencias a la aparición de un sistema político abierto al debate y la disputa democrática por el control del Gobierno y del Estado en general. Más aún, es el único país con un conflicto entre fuerzas armadas que lleva ya varias décadas en un contexto algo más amplio de permanente ejercicio de violencia a lo largo de su historia, y con niveles, en la historia reciente y la misma actualidad, de alta intensidad de enfrentamiento militar.

Dado ese marco, es notorio, y excepcional a nivel sudamericano, el hecho de que las dos Candidaturas que pasaron a segunda vuelta presidencial en Colombia sean definibles como de las derechas propias de las elites históricamente gobernantes en ese país, pero también lo es el que expresan posiciones distintas en cuanto al más estratégico problema que cruza a la política colombiana actual, tal como en muchas otras coyunturas y épocas completas donde los distintos sectores de su oligarquía no han podido construir su unidad interna, tensionada por una dinámica general de violencias y entrentamientos entre sus facciones principalmente agrupadas entre liberales o conservadores,los dos bandos protagonistas de “La Violencia”, como elocuentemente le ha llamado la historiografía colombiana a la recurrente confrontación armada en su país.

En esta oportunidad, y a pesar de la cercana relación de las fuerzas y candidaturas que se juegan en esta segunda vuelta (entre otras cercanías, Santos fue Ministro de Defensa de Álvaro Uribe), sostienen opciones en un principio diferentes en torno al principal dato del escenario político colombiano presente: el proceso de diálogo y negociación con la guerrilla de las FARC-EP en La Habana, la que, junto al Ejército de Liberación Nacional, ELN, agregó hace justos 50 años la irrupción de guerrillas de izquierdas al escenario de “la violencia” ya preexistente.

Es relevante señalar que fue el cerrojo político de las elites lo que motivó la tendencia de las izquierdas a volcarse a la acción armada a un nivel no equiparable con los otros países del continente, cuestión evidenciada en hitos como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, candidato presidencial del sector más de izquierdas del Partido Liberal y de alta popularidad, y el posterior acuerdo bipartidista liberal-conservador denominado “Frente Nacional” del año 1957, hitos que bien pueden señalarse como puntos de inflexión para las fuerzas de izquierdas e inicio de sus organizaciones armadas, ya desligadas de los sectores liberales, hace ya medio siglo.

En ese contexto, en esta segunda vuelta presidencial está, por una parte, el sector nucleado en la Candidatura de Óscar Zuluaga, representante del llamado “Centro Democrático” encabezado por el ex Presidente Álvaro Uribe, expresivo de los sectores más conservadores de la oligarquía latifundista, y de la posición más recalcitrante y opositora del proceso de apertura del diálogo y negociación con la guerrilla, declarando en numerosas ocasiones y formas su postura de que lo avanzado hasta ahora con los diálogos en La Habana no lo vincula ni obliga en ningún sentido1. Zuluaga, quien captó el 29% de los votos en primera vuelta, tendrá también el apoyo del Partido Conservador que respaldó a Marta Lucía Ramírez, y entre ambas candidaturas sumaron aproximadamente el 45% de la votación de la primera. Por su parte, el Presidente José Manuel Santos, de perfil derechista pero algo más moderado y formalmente “liberal”, obtuvo algo más que el 25%, más de 400 mil votos menos que Zuluaga, pero es esperable, tal como ya lo señalan las encuestas más recientes, que reciba los votos de la candidatura del Polo Democrático Alternativo (de izquierdas) cuya candidata Clara López obtuvo el 15%, y el de Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde (fuerza ecologista y progresista que captó el 8%) más apoyos desde sectores de centroizquierdas como el Movimiento Progresista. Tomando en consideración dichas votaciones, sería de presumir que el triunfo sería, lo más probable, para el actual Presidente Santos. Por lo demás, dentro de la altísima abstención en el domingo pasado, cercana al 60%, probablemente la candidatura de Zuluaga tiene más dificultades para captar nuevos apoyos por su identificación con el grupo más derechista y conservador del espectro político. Sin embargo, habiendo un cerrado escenario electoral, en el mundo de las izquierdas y progresismos ha cundido el debate en relación al apoyo que podría darse al, de todas formas, muy neoliberal y derechista Santos2.

Por una parte, negando diferencia sustancial entre ambas candidaturas, se señala que Santos fue Ministro de Defensa de Uribe, abandonando su cargo sólo meses antes para no tener inhabilidades para ser candidato presidencial en el 2009. Carga a cuestas con el hecho de que fue durante ese período donde aparece un notorio escándalo gubernamental con los casos de “falsos positivos”, es decir, personas asesinadas presentadas por el Gobierno como bajas de la guerrilla, pero que no lo eran. Junto con eso, el muy tensionante episodio de la operación militar en propio territorio ecuatoriano contra el campamento donde se encontraba el referencial Comandante de las FARC-EP, Raúl Reyes, que provocó de inmediato otro flanco de controversia con el Gobierno de Rafael Correa, y por extensión, con el arco de gobiernos progresistas y de izquierdas del continente. Más cerca en el tiempo, su Gobierno ha ejecutado fuertes represiones contra los movimientos y movilizaciones sociales, como ocurrió, para citar un caso reciente y de cruda violencia policial, contra la reciente y masiva movilización campesina en las áreas rurales, cuestión que sin duda tuvo costos electorales para su candidatura.

En el otro tipo de argumentos, que avala la postura de votar por Santos, se señala que en la segunda vuelta presidencial se jugará algo mucho mayor que el triunfo de una perspectiva política de derechas, en los más optimistas, la posibilidad de un proceso de apertura política con perspectiva constituyente que retome el carácter inconcluso de la asamblea constituyente y nueva Constitución de 1991, cuyo antecedentes y contexto, junto con la irrupción del movimiento estudiantil y social que decantó en la campaña por la “séptima papeleta” (cuya posibilidad de avance lo dio un Poder Ejecutivo y una Corte Suprema favorables a la realización de la AC), fue precisamente un contexto de recrudecimiento de la violencia, incluyendo el asesinato de varios candidatos presidenciales y dirigencias políticas, como asimismo, el proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno y el grupo armado M-19 que concluyó en su desmantelamiento y entrada a la vida política colombiana en los años venideros3.

Es importante señalar que el proceso constituyente y Constitución de 1991 se suelen citar como referente en la aparición de un “nuevo constitucionalismo latinoamericano”4en su incorporación del reconocimiento de la multiculturalidad del Estado, algunos avances en mecanismos de democracia participativa, y la consagración de un catálogo amplio de derechos y garantías que ha dado pie a una jurisprudencia de perfil progresista de la Corte Constitucional colombiana, cuyas sentencias son de lo más referencial en un “activismo judicial” con relevancia a nivel continental5. Sin embargo, este ejercicio constituyente fue incapaz de remover la esencia de las estructuras de poder y del mismo ejercicio de las distintas formas de violencia armada presentes en el territorio colombiano, como asimismo, formuló en su articulado un proyecto económico y social de contenido neoliberal, acorde con la amplia hegemonía ideológica que el neoliberalismo tenía por esos años, lo que ha terminado relativizando sus logros en función de la permanencia de la desigualdad social y la exclusión de amplias capas de la población.

Para comprender bien el carácter inconcluso del anhelo de paz que motivó tal proceso constituyente, debe señalarse que la negociación emprendida por el Gobierno con la guerrilla del M-19 (que pasó a llamarse Alianza Democrática M-19 y que fue la segunda fuerza con más asambleístas constituyentes en la AC de 1991) fue entendida como una concesión excesiva y verdadera traición de parte de las oligarquías más recalcitrantes a la negociación, y durante los años años 90s hubo un nuevo auge de la violencia junto a la formación y crecimiento de numerosas fuerzas irregulares paramilitares por parte de los hacendados, y el aumento de las bandas armadas vinculadas al narcotráfico, o bien una mezcla de ambas cosas y su interrelación con las fuerzas y poderes regulares del Estado, y en el caso del narcotráfico, también con las guerrillas. En ese marco, cuestión que sirve de antecedente a considerar las desconfianzas de las FARC-EP y el ELN a la hora de negociar un eventual desarme, se calcula por varios miles los militantes de la llamada “Unión Patriótica” (fuerza política, social y electoral de izquierdas), que fueron asesinados en esa década, entre ellos dos de sus candidatos presidenciales, ocho de sus congresistas, trece de sus diputados, setenta de sus concejales, once de sus alcaldes.

Todo lo anterior, sin contar todo el espectro de la violencia “no directamente” política (sin duda con implicancia de la política en cuanto forma organización de una sociedad), cuestión, como es sabido, acrecentada por la penalización y la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que en rigor ha resultado ser más bien por o de el tráfico de drogas, que contra él. En este punto, las FARC han sorprendido a muchos proponiendo en el diálogo de La Habana la despenalización tendencial de las drogas y el fin de las políticas prohibicionistas, y justamente el tema de los cultivos ilícitos ha sido uno de los puntos de relativo avance en los diálogos de La Habana.

Para ampliar el análisis de contexto y complejizar más el escenario de guerra y tensión geopolítica, la creciente presencia del Ejército de los Estados Unidos en el territorio colombiano y su penetración y cuantiosa “colaboración” en una recurrente política de injerencia militar y geopolítica de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe (cuestión manifiesta en su entorno geográfico más inmediato como lo es Colombia, país con un enorme gasto militar y uno de los que a nivel mundial recibe más apoyo logístico y financiero en el área militar), que ha tenido, como se mencionó antes, el último tiempo como crucial punta de lanza la aplicación de las políticas prohibicionistas estadounidenses en el tema de las drogas, y, tras la arremetida neoconservadora facilitada por los atentados de Septiembre del 2001, la doctrina militar de la “guerra contra el terrorismo” y las “guerras preventivas” y “de baja intensidad”.

En el caso colombiano, lo anterior se ha expresado en los impulsos oficiales que se le ha dado con el llamado “Plan Colombia”(iniciado en 1999), y tensiones de no menor resonancia como la suscitada por el fallido Acuerdo del 2009 donde se les cedía el uso de 7 estratégicas bases militares en pleno territorio colombiano, cuestión suspendida gracias a una declaración de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional, pero que suscitó una intensa controversia (con ruptura de relaciones mediante) entre el Gobierno de Chávez y el de Uribe, que sólo pudo amainar tras la llegada en el 2010 de un Santos algo más proclive al diálogo con su par venezolano. En todo caso, el acuerdo militar entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos ha seguido su camino pese a aquél tropiezo, aumentando aún más el caudal bélico de las Fuerzas Armadas colombianas, las más potenciadas de la región, y una de las más apoyadas en logística y financiamiento por Washington a nivel mundial.

De este modo, la irradiación de la situación militar de Colombia hacia su vecina Venezuela va mucho más allá que una tensión diplimática en particular, y por lo demás, la misma presencia militar estadounidense ha seguido aumentando sin el citado acuerdo. Es en los estados venezolanos más cercanos a la frontera occidental con Colombia (Táchira, Mérida, Zulia, Barinas) donde se han venido dando los mayores grados de violencia y armamentismo, y por donde, es sabido,se reproducen prácticas de comercio ilegal de diverso tipo: desde el lado venezolano, las divisas dado el control cambiario, y los diversos productos subvencionados por el Estado que salen irregularmente hacia Colombia, y desde Colombia, armas y drogas. Esa región, en las áreas rurales en especial, se caracteriza por las recurrentes prácticas del sicariato y la violencia política paramilitar propiciada desde los latifundistas contra los campesinos, lo que ha cobrado centenares de asesinatos durante los últimos años a ambos lados de la frontera, con el agravante de que muchas veces recae contra las propias bases de apoyo de la “revolución bolivariana” (referencial en esta área es el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, FNCEZ6), y con la incapacidad del Gobierno venezolano de ponerle freno a esas situaciones en regiones donde además es más fuerte la oposición al proyecto de transformaciones que anhela su programa de gobierno. En cuanto a Venezuela, Zuluaga ha seguido sosteniendo que, para él, el Gobierno encabezado por Maduro es “una dictadura”, mientras que Santos mantiene una posición de mayor moderación y apertura al diálogo también en este tema.

Como se ve, el complejo escenario político colombiano sobrepasa con mucho una opción electoral entre dos tipos de derechas, por mucho que sus proyectos socio-económicos, y su procedencia, puedan ser asimilables y en algunos puntos casi imposibles de distinguir. De todas formas, lo que pase o no en las votaciones de esta segunda vuelta, marcará ciertas coordenadas no menores en las posibilidades y la proyección de los escenarios venideros, en el laberinto, hasta ahora sin salidas visibles, de la política y la violencia armada desatada en Colombia.

Héctor Testa Ferreira, Fundación Chile MovilizadoJunio de 2014.

Referencias:

1 Ver nota de hace sólo unos días en Revista Semana, “Zuluaga no responderá por los acuerdos de La Habana”.

2 Dada la postura de “libertad de acción” dada por esa fuerza, la Candidata Presidencial del Polo Democrático Alternativo, Clara López, junto con un grupo de dirigentes del PDA han difundido una carta de apoyo al proceso de diálogo y paz y a la Candidatura de Santos. Otras referencias del mundo progresista y de izquierdas, como Carlos Gaviria, también ha expresado voto a favor de Santos, al igual como ha declarado en comunicado público la Alianza Verde. Como contraparte, sectores del PDA, como el Senador Jorge Enrique Robledo o el parlamentario de origen campesino Alberto Castilla, han rechazado el apoyo a Santos y anunciado su voto en blanco o abstención. Recomentable como texto que argumenta y afirma esta última opción, es “El falso dilema bicentenario entre liberales y conservadores”, de Javier Calderón Castillo.

4 Noguera-Fernández, Albert; Criado De Diego, Marcos. La constitución colombiana de 1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina. Sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano y los procesos constituyentes en general, ver “Aproximación a los procesos y tendencias constituyentes en América Latina” de mi autoría.

5 Ver sobre el tema el texto Corte Constitucional y emancipación social en Colombia, de Rodrigo Uprimny y Mauricio García Villegas.

6 Ver por ejemplo la nota de denuncia del propio Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, FNCEZ, en web aporrea.org, “Campesinos asesinados en Venezuela desde el 2001. Impunidad en Venezuela se mantiene y resiste”.

Publicado en: blog de Héctor Testa Ferreira, Puente Sur

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